SENADO / El ministro de Justicia subraya que la reducción salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia es proporcionada y progresiva, igual que en el resto de la Administración General del Estado.-
Pleno del Senado (martes, 8 de junio de 2010).-
RESPUESTA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, FRANCISCO CAAMAÑO, A UNA PREGUNTA DE MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR “SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA DADO UN TRATO DIFERENCIAL A LAS RETRIBUCIONES DE JUECES Y FISCALES EN EL REAL DECRETO-LEY SOBRE DIVERSAS MEDIDAS DE AJUSTE PRESUPUESTARIO”.-
Francisco Caamaño:
“El Gobierno, como todos los gobiernos europeos, ha tomado medidas extraordinarias de ajuste presupuestario necesarias para reducir el déficit y fortalecer nuestra economía. Entre ellas, la reducción proporcionada e igual de los salarios de todos los empleados públicos, sin discriminación alguna.
La aplicación de la medida de reducción salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia es exactamente igual que en el resto de la Administración General del Estado, proporcionada y progresiva. Y en esa reducción salarial no se ha producido discriminación alguna en relación con otros puestos de similar categoría de la Administración General del Estado.
En primer lugar, porque la reducción del 9,73 por ciento se aplica sólo a las retribuciones básicas, mientras que a las retribuciones complementarias se aplica un máximo del 6 por ciento. Como bien saben, en el sector de jueces y fiscales las retribuciones complementarias son una parte muy significativa de los emolumentos percibidos, lo que supone, en la práctica, que a los miembros de la carrera judicial y fiscal de mayor nivel, no se les aplique, en ningún caso, una deducción superior al 7,5 y que, hacia abajo se opere de manera proporcionada.
En consecuencia, la deducción es similar a la que se produce en otros cuerpos equivalentes de la AGE. La única diferencia está en el modo de aplicarla. Para los funcionarios AGE la reducción se lleva a cabo en cada mensualidad y en un 46 por ciento de su paga extra. Sin embargo, para mantener un criterio homogéneo en el sector de la justicia y puesto que para algunas categorías –secretarios, gestores,tramitadores y cuerpo de auxilio- el reconocimiento de las pagas extras está en la LOPJ y ésta no era modificable mediante Decreto-ley se ha decidido, prorratear el total anual de la reducción en las diversas mensualidades.
Por tanto, hay una diferencia en la forma en que se practica la reducción –pues no se sustrae el 46 por ciento de la paga extra- pero en modo alguno se produce una discriminación salarial en relación con otros empleados públicos con similares regímenes retributivos.
Soy plenamente consciente del esfuerzo que esto supone para quienes sirven día a día en nuestra Administración de Justicia y que medidas como ésta no son gratas ni populares. Pero obedecen a un ejercicio responsable de la acción de Gobierno, vinculada a la reducción urgente de nuestro déficit público con la que, como ministro de Justicia, me siento plenamente solidario. Responsabilidad de la que participa el sector de la justicia y de la que sin embargo se ha apartado el partido popular que no deja pasar un día sin cuestionar la profesionalidad de nuestros jueces y fiscales en función de sus intereses políticos.”
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